viernes, noviembre 13, 2026

Imputan a Esteban Alvarado por liderar asociación ilícita desde la cárcel

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La fiscalía federal detalló la estructura de una organización dedicada al narcotráfico, contrabando y lavado de activos, presuntamente dirigida por Esteban Lindor Alvarado desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La causa involucra a 12 personas, entre ellas su hijo y dos abogados.

En el marco de una investigación judicial, la fiscalía federal imputó a Esteban Lindor Alvarado por liderar una asociación ilícita destinada al narcotráfico, contrabando y lavado de activos desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero de 2024 bajo un régimen de alto riesgo. Según el escrito fiscal, Alvarado conservaba el mando de la organización: decidía el destino de los fondos, fijaba condiciones financieras, exigía rendiciones semanales de cuentas, resolvía conflictos internos y aprobaba altas y bajas en la estructura.

La causa involucra a 12 personas con roles definidos, que abarcan desde la conducción operativa hasta el soporte financiero, legal y logístico. La investigación está a cargo de los fiscales federales Matías Scilabra, Diego Alejo Iglesias y Diego Velasco, y el juez es Carlos Vera Barros.

Estructura de mando

De acuerdo con la imputación, la organización contaba con una jefatura ejercida por Esteban Lindor Alvarado desde el penal, y roles específicos para sus integrantes:

  • Esteban Lindor Alvarado (jefe): confinado en Ezeiza, la investigación sostiene que conservaba el mando absoluto de la organización.
  • Santino Valentín Alvarado (organizador extramuros): hijo del jefe y ejecutor de sus directivas en la calle. Administraba el aprovisionamiento, fijaba precios y cantidades de droga, aportaba vehículos y coordinaba al grupo operativo, además de servir como puente de comunicación con el penal.
  • María Fernanda Rojas (administración financiera): encargada de percibir y custodiar los réditos de la «cartera de préstamos a interés» y negocios de alquileres, además de coordinar pagos a allegados y mantener comunicaciones clandestinas frecuentes con el líder.
  • Claudio Tavella (abogado y nexo): acusado de utilizar su rol de defensor técnico para ejecutar funciones ajenas a la profesión, constituyéndose en el canal estable de transmisión de órdenes entre el penal y la calle, además de coordinar estrategias defensivas comunes para alinear a los coimputados. Tavella ya cumplió condena por formar parte de la banda de Alvarado.

Brazo operativo y negocio narco

Bajo las órdenes directas de la conducción, un grupo de miembros cumplía tareas de custodia, logística, adquisición de armamento y distribución de estupefacientes. Entre ellos figuran Ignacio Matías Aranda, Gino Cacciatore, Alexis Leonardo Valda, Julián Ignacio González, Jeremías Eloy Toloza, Valentino Adrián Caicoya, Luis Daniel Palavecino y el abogado penalista porteño Martín Fabio Castillo.

La investigación documentó operaciones vinculadas a la Ley 23.737, entre las que se destacan:

  • Intento de contrabando aéreo (marzo de 2024): un frustrado vuelo clandestino desde Bolivia interceptado en Paraguay con más de 430 kilos de cocaína.
  • Segundo vuelo coordinado: una operación paralela para introducir unos 300 kilos de cocaína a través de pistas rurales clandestinas en el territorio nacional.
  • Abastecimiento regional: maniobras de compra y traslado de marihuana desde la provincia de Córdoba hacia el cordón metropolitano de Rosario.

Según la fiscalía, la organización se valía de una flota cambiante de vehículos de alta gama, inmuebles de guarda (como condominios en Funes) y una red de testaferros para blindar las maniobras financieras y el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. La estructura tenía ramificaciones en Rosario, Roldán, Funes y Granadero Baigorria, con proyecciones hacia Buenos Aires, Córdoba y Paraguay.

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