Según datos del CITRA, en diciembre de 2025 la economía popular reunió a alrededor del 30% de la población económicamente activa. Una investigadora del Conicet describió el crecimiento del sector y los cambios en las políticas públicas.
La referencia del papa León XIV a las organizaciones sociales y a los trabajadores precarizados durante su visita a la Argentina volvió a poner el foco sobre una realidad que atraviesa al mercado laboral vinculado a la economía popular. Este universo representa alrededor de un cuarto de la población económicamente activa (PEA) y su participación aumenta cuando la actividad económica se estanca o entra en recesión.
La dimensión del fenómeno no se explica solamente por la evolución de la economía, sino también por las transformaciones del mundo del trabajo. Millones de personas que no consiguen insertarse en el empleo asalariado formal desarrollan sus propias actividades, generan ingresos por cuenta propia y organizan colectivamente sus formas de subsistencia.
Ese proceso convive con el debilitamiento de las estructuras estatales que históricamente buscaron reconocer, promover y proteger a estos trabajadores.
Así lo explicó María Victoria Deux Marzi, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), durante una entrevista en el stream de Economía de El Ciudadano. Su análisis distingue dos dimensiones: una economía popular que continúa expandiéndose como respuesta a la falta de empleo formal y un entramado institucional que perdió herramientas construidas para acompañarla.
Una economía que funciona como refugio frente a la falta de empleo
Para entender el lugar que ocupa la economía popular en Argentina hay que remontarse a las transformaciones del mercado laboral de las últimas décadas. El concepto tiene más de 30 años, pero adquirió mayor relevancia política y organizativa a partir de 2011, con la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que en 2019 pasó a denominarse Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
Según Deux Marzi, esa organización buscó representar a un conjunto de identidades laborales que surgieron en un contexto de creciente desocupación y expulsión del mundo asalariado formal. Se trata de personas que, ante la falta de oportunidades en el mercado laboral tradicional, generan sus propias fuentes de trabajo.
La característica central de este universo es que sus integrantes no tienen un empleador ni trabajadores a cargo. «Trabajan por cuenta propia y autogestionan su capacidad de trabajo», definió la investigadora.
Cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores de cooperativas, recicladores, feriantes y pequeños productores forman parte de ese entramado. Son actividades que generan trabajo e ingresos, pero que no necesariamente cuentan con las protecciones y los derechos que caracterizan al empleo asalariado registrado.
En ese sentido, la construcción de una identidad colectiva fue uno de los objetivos centrales de la UTEP. La intención, explicó Deux Marzi, fue «construir una identidad colectiva y defender a estos colectivos para luchar por derechos y protecciones que puedan equiparar a los trabajadores asalariados formales».
La importancia de ese universo también está vinculada con su peso dentro del mercado laboral argentino. Según los datos del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en diciembre de 2023 la economía popular reunía a unos 3,7 millones de trabajadores, equivalentes al 26% de la población económicamente activa. Dos años después, en diciembre de 2025, esa participación había ascendido al 30%.
Para la investigadora, hay un comportamiento que se repite. «En períodos de crecimiento económico, cuando crece la actividad, la economía popular ronda el 26%», señaló. Ese porcentaje funciona como un piso estructural, mientras que en los períodos de crisis o estancamiento aumenta la cantidad de personas que dependen de estas formas de trabajo.
Ese crecimiento no necesariamente representa una mejora en las condiciones de vida de quienes trabajan en el sector. «En los períodos de crisis o de estancamiento en el nivel de actividad, la economía popular aumenta, pero además bajan los ingresos», advirtió Deux Marzi.
Es decir, puede crecer la cantidad de personas que desarrollan actividades por cuenta propia sin que eso signifique una expansión saludable de sus emprendimientos o una mejora de su capacidad económica. La economía popular funciona así como una alternativa frente a la falta de empleo formal, pero también como un indicador de las dificultades que atraviesa el mercado laboral.
Esta distinción resulta central para analizar el presente. Su existencia no depende exclusivamente de la evolución de la actividad económica, porque responde también a problemas estructurales de inserción laboral. Incluso en períodos de expansión, una parte importante de la población continúa dependiendo de estas formas de trabajo.
El repliegue del Estado y la desinstitucionalización
El otro fenómeno que identifica la investigadora es el retroceso de las políticas públicas destinadas a reconocer y acompañar a estos trabajadores.
Deux Marzi plantea que es necesario diferenciar lo que sucede con las organizaciones de la economía popular de lo que ocurre con las políticas estatales. Mientras que las primeras no atraviesan necesariamente un proceso de retracción, el entramado institucional que las acompañaba sí sufrió un fuerte debilitamiento.
«En cuanto a la organización de trabajadores no hay un repliegue, sino más bien lo contrario, porque cada vez hay más personas expulsadas del mundo formal que buscan refugio en la economía popular», explicó.
Desde comienzos de siglo, Argentina había desarrollado progresivamente organismos, programas y herramientas institucionales para promover la economía social y popular. Ese proceso tuvo distintas etapas y atravesó gobiernos de diferentes signos políticos. Incluso durante la gestión de Mauricio Macri se sancionó la Ley de Emergencia Social, que significó un reconocimiento institucional de distintas formas de trabajo y de las organizaciones que las representaban.
Sin embargo, con la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno nacional comenzó un proceso de desinstitucionalización que, según Deux Marzi, modificó sustancialmente ese esquema.
«Con este gobierno se fue desarmando. Después del primer año de motosierra quedaron solamente tres organismos, dos muy pequeños y uno importante, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes)», detalló.
El organismo tiene entre sus funciones intervenir sobre cooperativas y mutuales, pero la investigadora advierte que también cambió la orientación de sus tareas. El problema, en ese sentido, no fue solamente la reducción de las estructuras estatales, sino también la modificación de las funciones que conservaron.
«El Inaes se dedicaba a la promoción, además del control, y ahora reforzó sus actividades vinculadas al control y la fiscalización más que a la promoción», señaló.
De esta manera, el Estado no solamente redujo las herramientas destinadas a la economía popular, sino que también modificó el sentido de algunas de las que permanecieron vigentes. Las políticas de acompañamiento y fortalecimiento perdieron espacio frente a las tareas de supervisión y fiscalización.
El mensaje de León XIV y una discusión sobre el mundo del trabajo
En ese contexto se inscribieron las palabras de León XIV durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), el pasado 9 de noviembre.
Ante empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y referentes de movimientos populares, el Pontífice pidió que las organizaciones gremiales amplíen su representación hacia los sectores que permanecen fuera del empleo formal.
También reivindicó expresamente a los movimientos populares y a quienes desarrollan actividades en la economía informal. Mencionó a cartoneros, campesinos y artesanos como ejemplos de trabajadores que se organizan comunitariamente para construir sus propias soluciones.
El Papa retomó además las históricas demandas de tierra, techo y trabajo, y sostuvo que los sindicatos deben tender puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.
Su planteo incorporó una discusión que excede la coyuntura argentina: cómo representar y proteger a quienes trabajan, pero no tienen un empleador que responda por sus condiciones laborales ni están alcanzados por los mecanismos tradicionales de protección.
En esa línea, León XIV reclamó políticas públicas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, y advirtió que el desempleo no significa solamente la pérdida de un ingreso, sino también una afectación de la dignidad y de la capacidad de participar en la sociedad.
La dimensión de la economía popular en Argentina permite ponerle números a esa discusión. No se trata de un sector marginal que aparece únicamente durante las crisis, sino de una realidad estructural que comprende a millones de personas y representa entre un cuarto y casi un tercio de la población económicamente activa, según el momento económico.
El diagnóstico de Deux Marzi apunta a esa contradicción. La economía popular funciona como un piso de contención del mercado laboral argentino, pero se expande cuando la economía no consigue generar suficientes oportunidades de empleo formal.
Mientras ese universo continúa creciendo, el debate incluye qué derechos, protecciones e instituciones requiere un sector que ocupa un lugar central en la estructura laboral del país.