Un tercio del Poder Judicial está vacante. Cuando el presidente Javier Milei asumió en la Casa Rosada, el porcentaje de sillones vacíos era de 30,5%. A la fecha esa cifra asciende a 32,93%. A este ritmo y ante las renuncias presentadas y jubilaciones, ese número llegará a un 36% a fin de año: una crisis sin precedente en la administración de justicia. El Poder Ejecutivo aún retiene 222 pliegos que ayudarían a reducir la cantidad de cargos de jueces nacionales y federales sin cubrir.
Mientras los cargos continúan vacantes, con un número que se acrecienta, los sillones de jueces y fiscales se convierten en una carta de negociación entre el Gobierno y el Congreso. Es la explicación por la cual el Ministerio de Justicia de la Nación aún no remite al Senado los 222 pliegos que retiene hace más de una año y medio.
Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales indicaron que se aguarda “la nueva conformación del Congreso tras las elecciones legislativas y la decisión presidencial para enviar los pliegos”. Sin precisión respecto a las fechas, los cargos vacantes en el Poder Judicial se incrementan.
Los números oficiales con los que cuenta el Poder Ejecutivo exponen que a la fecha hay 178 cargos sin cubrir de un total de 517 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto a la Justicia Federal de CABA de los 159 puestos con los que cuenta, 46 se encuentran sin jueces designados en carácter de titular y, finalmente, en la Justicia Federal del Interior de los 326 sillones hay 106 que continúan vacantes.
La cifra global de sillones vacíos es de 330. Un poco menos de la mitad de esos puestos podrían tener jueces, juezas en carácter de titulares si el Gobierno remitiera las ternas al Congreso.
“El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema hicieron lo suyo: mandar ternas a los largo de estos años al Poder Ejecutivo”, indicaron fuentes judiciales a Clarín ante este panorama.
Bajo la presidencia de Horacio Rosatti, cabeza del Poder Judicial, el Consejo es el órgano responsable de realizar los respectivos concursos cuando una vacante se genera. El proceso es extenso: desde la conformación del jurado que es quien tiene a cargo la confección del examen que se tomará; después llega el momento de evaluar los mismos, mientras una comisión constituida a tales fines realiza la evaluación de los antecedentes de los postulantes.
Después llega el momento de las entrevistas personales hasta avanzar en el armado del orden de mérito provisorio que debe ser aprobado por el plenario. Cuando ese listado obtiene la aprobación de los consejeros, finalmente, las ternas se remiten al Poder Ejecutivo.
Allí termina la intervención del Consejo de la Magistratura: en el último año y medio hay en el Ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona 184 ternas que fueron enviadas para reducir la brecha de puestos vacantes en el Poder Judicial. Ninguna fue enviada al Senado.
Cuando inició la gestión libertaria más de 200 pliegos fueron retirados del Senado. El armado actual representa 222 ternas, pero de las que el Gobierno tiene para enviar al Congreso sólo 159 son para cubrir despachos de jueces nacionales y federales: una cifra aún inferior al enviado por el Consejo de la Magistratura.
El panorama es aún más grave: al finalizar el año en curso a los 330 puestos vacantes del Poder Judicial se sumarán otros 33 (23 son trámites previsionales). Se trata de jueces que se jubilan, otros que presentaron su renuncias. Incluso, algunas vacantes se harán efectivas a partir de noviembre.
Para los primeros meses del 2026 hay que contemplar unas diez vacantes más que se producirán. A este ritmo, el año entrante la totalidad de despachos sin un juez/a en carácter de titular ocupando el cargo ascenderá al 36%. “Es un número sin precedentes”, sostuvo una fuente judicial ante la consulta de Clarín.
Frente a este escenario, y ante las vacantes que se siguen generando, el Consejo tiene en trámite 72 concursos. Pero el trámite se traba siempre en el mismo lugar: en la política.
La cobertura de los cargos de jueces y juezas nacionales como federales requieren de una votación simple del Senado, pero en la Casa Rosada sostienen que con la actual conformación “no va a pasar ni uno solo de los pliegos”, explicaron fuentes oficiales.
Dentro del Poder Judicial, la mirada es otra: “El Ministerio de Justicia no cuenta con el nivel de confrontación que expresaba el kirchnerismo ante la justicia, sin embargo ha demostrado menor eficiencia respecto a las vacantes”.
Este diario volvió a consultar a fuentes oficiales si hay alguna fecha estimativa para remitir los pliegos. «Posiblemente en noviembre, pero depende de diversos factores y sobre todo, de la determinación del Presidente», explicaron. En la Justicia el escepticismo es total: nadie cree ya cuando se anuncia la remisión de los pliegos.
El 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación sostuvo: «tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.
Pese al discurso oficial, durante todo el 2024 el Gobierno no designó ningún juez. Incluso, acumuló más ternas enviadas por el Consejo: durante el último plenario del año pasado se remitieron al Gobierno otras 23 ternas. Ninguna corresponde a los cargos sin cubrir en Comodoro Py, el fuero al que más atención le presta la política.
Sin embargo, en esa lista hay fueros sumamente relevantes como el Civil y Comercial, el Penal Económico, cargos electorales, entre otros -como así también, las Cámaras revisoras-, que aguardan la decisión del Poder Ejecutivo.
La crisis alcanza a la Procuración General de la Nación: allí las vacantes superan el 41% y los cálculos extraoficiales, estiman que hacia fines del año en curso el número ascenderá al 44%.