Tras una etapa de despliegue policial, avanza un plan de obras públicas en barrios históricamente afectados por la violencia, con el objetivo de recuperar espacios y mejorar la infraestructura urbana.
En los barrios de Rosario que han sufrido con mayor crudeza la violencia vinculada al narcotráfico, comienza a implementarse una nueva etapa de intervención estatal denominada «Plan de Pacificación». La iniciativa, que sigue a una fase de despliegue y coordinación de fuerzas de seguridad, se centra ahora en la ejecución de obras de infraestructura y la recuperación de espacios públicos en zonas como Empalme Graneros, Larrea, Cotar, Mangrullo y accesos a la autopista a Buenos Aires, entre otras.
El plan incluye la licitación de trabajos de pavimentación definitiva, apertura de calles y la transformación de terrenos. En un caso emblemático, se prevé el desmantelamiento de un estadio de fútbol en desuso para dar lugar a un espacio verde. «Las plazas generan apropiación. La gente se reúne en ellas, vuelve a estar en sociedad», explicaron fuentes oficiales, defendiendo esta línea de acción.
El contexto de esta intervención se remonta a hechos de violencia extrema que conmovieron a la ciudad, como el tiroteo ocurrido en marzo de 2023 en el barrio Los Pumitas, donde perdió la vida un niño de 11 años y otros tres menores resultaron heridos. Posteriormente, en marzo de 2024, una serie de ataques a trabajadores generó una profunda alarma social.
Las autoridades destacan la coordinación actual entre los niveles municipal, provincial y nacional, así como el intercambio de información, como factores clave tras años donde, según analizan, primaron diagnósticos que no lograron revertir la situación. El objetivo declarado es modificar los entornos que sufrieron una marcada ausencia estatal, aprendiendo de experiencias pasadas donde la relocalización de familias, sin un manejo integral, derivó en el desplazamiento de conflictos a otras zonas.
En el trabajo territorial, se ha observado un fenómeno particular: los murales que contienen la bandera argentina o referencias a las Islas Malvinas suelen ser respetados y no son vandalizados, a diferencia de otros espacios. Este dato simbólico es tomado por los planificadores como un punto de partida para la reconstrucción del tejido social en áreas donde la violencia se adueñó de la cotidianidad.