En un juicio por usurpación en Río Negro, Hugo Alberto Barabucci declaró que adquirió un campo con una donación del gobierno de ese país. El caso reabre el debate sobre la adquisición de tierras en zonas fronterizas.
Un juicio por presunta usurpación de tierras en Río Negro derivó en una discusión más amplia sobre la compra de campos en la Patagonia y la participación de capitales extranjeros. En plena audiencia oral, Hugo Alberto Barabucci, empresario nacido en El Trébol (Santa Fe) y denunciante en la causa contra la comunidad mapuche Lof Cayunao, reconoció que adquirió el predio en conflicto con una «donación» no restituible de dos millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos.
La causa llegó a juicio oral en Bariloche y tiene como única imputada a Soledad Cayunao, acusada de usurpación con «despojo parcial» por un conflicto territorial en el paraje Alto Río Chubut. El campo en disputa abarca unas 14 mil hectáreas y se encuentra en una zona sensible por su cercanía con Chile y por estar en el área de nacientes del río Chubut. El juez Marcelo Álvarez Melinger dará a conocer el fallo el próximo jueves.
Barabucci, quien vive la mitad del año en Emiratos Árabes Unidos donde es directivo de un club de polo propiedad de ese gobierno, admitió haber pagado 2.050.175 dólares por tres fracciones de un total de 19.269 hectáreas en el Cerro Carreras, al sureste de Bariloche. Según la escritura, pagó en promedio 106 dólares por hectárea, un valor que adquirió al empresario Marcelo Mindlin, quien a su vez había comprado esas tierras en 2009 a 20,75 dólares la hectárea.
La declaración judicial cambió el eje del debate. El abogado defensor Martín Palumbo sostuvo que la compra podría violar la ley 26.737 de Tierras Rurales, que prohíbe a extranjeros adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, ya sea de forma directa o por interpósita persona. Según remarcó, el campo está ubicado a 45 kilómetros en línea recta del límite con Chile, por lo que pidió que el antecedente sea remitido al Ministerio Público Fiscal para su investigación.
En paralelo, la defensa reclamó la absolución de Cayunao, argumentando que no existió dolo ni desapoderamiento y que la mujer sólo circuló por el lugar en busca de sus animales, en el marco de una práctica «ancestral». También señaló que los peones del establecimiento admitieron que había sectores sin alambrar y sin precisión sobre los límites.
La fiscalía, representada por Francisco Arrien, afirmó que empleados rurales, el propio Barabucci y una escribana dieron cuenta de un campamento instalado por integrantes de la comunidad dentro del predio y de su negativa a retirarse. La querella, representada por Magdalena Sanguinetti, insistió en que no pueden convalidarse «vías de hecho» para resolver reclamos territoriales o ambientales.
El trasfondo del caso excede el expediente penal. La comunidad Cayunao sostiene que se instaló en la zona para frenar el avance de alambrados y proteger la veranada, mientras denuncia amenazas, hostigamiento y afectación de espacios de pastoreo históricos. También advierte sobre el riesgo ambiental en una zona clave por el agua y la biodiversidad.
El lonko Mauro Millán declaró en la misma línea, definiendo a las nacientes del río Chubut como «tesoros vivos» y cuestionando que queden expuestas a «intereses foráneos». Según el administrador Andrés Saint Antonin, el campo de Barabucci está habilitado como coto de caza y cuenta con infraestructura para la cría de ciervos colorados.
Barabucci, nacido en El Trébol, está vinculado al Abu Dhabi Polo Team y, según información del caso, a sociedades y fideicomisos ligados a inversiones inmobiliarias y rurales en Río Negro, relacionados con el empresario Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de Emirates Stallions Group (ESG).