El proceso de quiebra de la cooperativa láctea Sancor dejó a 736 empleados sin trabajo y derivó en una denuncia formal ante la Corte Suprema de Santa Fe contra el juez Marcelo Gelcich por presuntas irregularidades en la administración del expediente.
El proceso de quiebra de la histórica cooperativa láctea Sancor escaló hasta convertirse en un caso de relevancia institucional en la provincia de Santa Fe. Uno de los síndicos independientes del expediente judicial presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema provincial contra el juez a cargo de la causa, Marcelo Gelcich, titular del juzgado de Rafaela.
Según la presentación, se describe la existencia de un entramado diseñado para neutralizar las auditorías, concentrar el manejo de activos millonarios y favorecer operaciones comerciales de dudosa transparencia. El eje del conflicto radica en la vulneración de la Ley de Concursos y Quiebras mediante la creación de un esquema de poder paralelo dentro del expediente.
El denunciante sostiene que el juez Gelcich montó un mecanismo para obstaculizar el control independiente que le corresponde a la Sindicatura plural. Para lograrlo, “habría designado de manera directa y arbitraria”, eludiendo el sorteo legal obligatorio que exige el registro de la Corte Suprema, a una coadministradora, la contadora Lucila Inés Prono. La denuncia advierte que esta figura técnica terminó asumiendo funciones exclusivas de la sindicatura, transformándose en un “órgano de supresión de control”.
La acusación describe una división interna: mientras los síndicos independientes Juan Tomat y Oscar Epstein mantuvieron una postura de fiscalización estricta, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se habría alineado con las directivas del juzgado y la coadministradora en un bloque que acaparó las decisiones de liquidación de activos, elaboración de pliegos y manejo de ofertas comerciales estratégicas.
La presentación judicial detalla episodios específicos en los cuales la exclusión de los síndicos disidentes “habría afectado gravemente las finanzas de Sancor, promoviendo operaciones directas y sin mecanismos de competencia”. En uno de los casos, la intervención del sector independiente de la Sindicatura logró forzar una corrección que incrementó el valor de una transacción en US$635.000.
El punto más alarmante del informe revela la desaparición de 24.640 kilogramos de queso bajo resguardo judicial. El valor de esta mercadería, estimado en un faltante de al menos US$209.440, nunca ingresó a las cuentas bancarias del juzgado. El magistrado Gelcich rechazó la denuncia, validó un acuerdo privado posterior entre la empresa y el acreedor, y sancionó con un apercibimiento a los profesionales que expusieron la irregularidad.
El denunciante relató ante el máximo tribunal santafesino que el juzgado aplicó una metodología sistemática basada en “fabricar incumplimientos”. El mecanismo “consistía en fijar plazos de imposible ejecución material para luego aplicar severas sanciones a la sindicatura disidente y transferir, por vía de castigo, sus tareas de control a las manos de la coadministradora afín”.
Este clima provocó que el síndico Epstein presentara su renuncia al cargo. En lugar de cubrirse la vacante mediante un nuevo sorteo legal, el juzgado mantuvo una sindicatura reducida, preservando las facultades de la coadministración y marginando al denunciante de etapas cruciales. Se destaca puntualmente la cuestionada tasación de las unidades productivas, definida en apenas seis días y con el incendio de la planta de Sunchales en el medio, cuyos valores actuales “perjudican abiertamente los intereses de los acreedores”.
Ante la gravedad de los hechos, el síndico solicitó a la Corte Suprema una investigación urgente, medidas de protección para asegurar la independencia de su tarea y la apertura de un sumario administrativo contra el juez Gelcich.
Desde este martes, cuando se oficializó que Sancor está oficialmente en venta, hay números que quedaron claros. De los 914 empleados, 178 quedaron dentro de la firma, que ahora tiene seis plantas en venta, y otros 736 quedaron sin trabajo. Se suman a los 450 trabajadores que perdieron su fuente laboral en enero de 2025, cuando se produjo el anuncio del concurso de acreedores. Según publicó el sitio especializado Bichos de Campo, así quedó distribuido el personal: Gálvez, 19 personas; Devoto, 12; Balnearia, 10; La Carlota, 6; el mismo número para San Guillermo; y 101 empleados para Sunchales.