La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso una revisión integral de los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 tras detectar una diferencia de hasta 8.000 expedientes entre los registros del Poder Judicial y los del Ministerio Público Fiscal durante la transición al sistema acusatorio.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, mediante una acordada firmada por su presidente, Aníbal Pineda, ordenó una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, y N° 4, conducido hasta su jubilación por Marcelo Bailaque, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La medida responde a una diferencia de hasta 8.000 causas entre el sistema informático del Poder Judicial (Lex 100) y los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que detectó un conjunto de 1.180 expedientes ingresados desde 2020 o 2021 sin movimiento procesal. Esos expedientes comenzaron a ser derivados a las fiscalías.
El plan de contingencia establece dos etapas. En la primera, los secretarios de ambos juzgados tienen un plazo de 48 horas para fundamentar la metodología usada en sus planillas estadísticas y adecuarla a las directivas de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. En la segunda, la Cámara cruzará la información con la nómina de las 1.180 causas aportadas por el MPF para auditar expediente por expediente.
Fuentes del caso indicaron dos hipótesis sobre el origen de las diferencias. Una es la “inflación estadística”, que consistiría en mantener causas cerradas para abultar el volumen de trabajo y evitar que el Consejo de la Magistratura reasigne personal. La otra es el “cajoneo” deliberado de denuncias que no fueron notificadas a los fiscales ni recibieron decreto de trámite. La auditoría determinará si la paralización de expedientes fue negligencia o formó parte de una red de cobertura judicial vinculada al exmagistrado Bailaque.