El gobierno provincial ingresó al Senado un proyecto de ley que busca desarticular el mercado ilegal de teléfonos móviles mediante controles de trazabilidad, reformas procesales y sanciones.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió al Senado provincial un proyecto de ley destinado a combatir el comercio de celulares robados. La iniciativa fue ingresada el jueves 3 y obtuvo compromiso de preferencia para su tratamiento en la próxima sesión.
El proyecto, que consta de 24 artículos organizados en seis títulos, propone la creación del Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos. Según los fundamentos, el objetivo es “dotar a la Provincia de Santa Fe de un marco normativo integral para prevenir, detectar, investigar y desarticular uno de los mercados que mayor incidencia tiene en la criminalidad urbana”.
El texto señala que “el robo de teléfonos celulares ha dejado de constituir un hecho delictivo aislado para transformarse en la manifestación visible de una economía criminal organizada, sustentada en la existencia de un mercado paralelo de comercialización, reparación, desguace y reutilización de dispositivos de origen ilícito”.
La iniciativa contempla reformas al Código Procesal Penal y al Código de Faltas. En el primero, se incorporarían facultades para que la policía pueda requerir a cualquier ciudadano la exhibición del identificador electrónico único (IMEI) de su dispositivo y verificar su situación registral en los sistemas habilitados. Si se detectara una irregularidad, “el personal policial procederá a efectuar requisa personal y secuestro del dispositivo, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusación”.
También se establecen criterios de oportunidad para que el Ministerio Público de la Acusación pueda prescindir de la acción penal cuando una persona entregue voluntariamente un dispositivo de origen ilícito ante el primer requerimiento, siempre que no exista otro delito más grave.
En el Código de Faltas, se modifica el artículo 58 para sancionar la negativa injustificada a colaborar con medidas de identificación, autenticación o verificación de dispositivos tecnológicos, con arresto de hasta 20 días o multa de hasta 10 Jus. La reforma aclara que no se afectan las garantías constitucionales de defensa ni de no autoincriminación.
El proyecto también prevé sanciones administrativas para comercios que operen en el mercado ilegal, incluyendo multas de hasta mil unidades Jus (equivalentes a $144.803.040), decomiso de mercaderías y clausura del establecimiento por hasta 30 días.