La Cámara de Apelaciones de Rafaela autorizó la continuidad del proceso de licitación de los activos de la cooperativa láctea, que incluye seis plantas industriales y un paquete de marcas comerciales. El juez Marcelo Gelcich debe adecuar los pliegos antes de reabrir el cronograma.
El proceso de quiebra de SanCor atraviesa una instancia determinante. Tras meses de paralización por reclamos judiciales, la Cámara de Apelaciones de Rafaela autorizó la continuidad del procedimiento de licitación para desprenderse de los activos centrales de la histórica cooperativa láctea, los cuales incluyen seis plantas industriales y un valioso paquete de marcas comerciales.
Pese al aval judicial, la reapertura del cronograma aún no tiene fecha definida. El juez a cargo del concurso, Marcelo Gelcich, debe adecuar los pliegos a las pautas fijadas por el tribunal de alzada antes de reestablecer los plazos para la presentación de ofertas por parte de los interesados.
El esquema de venta y la tasación de activos
La licitación aprobada está dividida en siete lotes independientes: seis correspondientes a las unidades productivas y uno destinado a los activos intangibles y marcas comerciales.
- Establecimientos industriales: Las plantas en venta se distribuyen en tres unidades ubicadas en la provincia de Santa Fe (Sunchales, Gálvez y San Guillermo) y tres en la provincia de Córdoba (Devoto, Balnearia y La Carlota).
- Marcas y activos comerciales: El lote incluye insignias tradicionales del mercado de alimentos como SanCor, Mendicrim, Santa Brígida, Tholem y Quesabores.
Inicialmente, el conjunto fue cotizado en 52,1 millones de dólares (28 millones correspondientes a la infraestructura productiva y 24,7 millones al activo comercial, donde la marca SanCor representa 18,7 millones). Sin embargo, la Cámara dispuso la actualización de estas cifras para ajustarlas al mercado actual e incorporar el impacto del incendio registrado en la planta de Sunchales a mediados del año pasado.
Requisitos y condiciones para los compradores
El fallo judicial establece que la elección de las ofertas no dependerá únicamente de la suma ofrecida. Con el objetivo de proteger la actividad regional y las fuentes de trabajo, los pliegos exigirán a los oferentes presentar un plan de negocios que detalle el compromiso de continuidad operativa y la absorción de personal. Para garantizar la transparencia, la evaluación se realizará mediante una grilla objetiva de puntuación.
Asimismo, la resolución introduce aspectos financieros técnicos clave:
- Moneda de pago: Se habilitó a los inversores a realizar ofertas y pagos en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación.
- Comparación de propuestas: Se evaluarán y cotejarán las ofertas globales por el paquete completo frente a las posturas individuales por plantas o marcas, priorizando la opción que reporte el mayor valor para saldar las deudas con acreedores.
- Activos cautelados: El dinero obtenido por la planta de Sunchales y las marcas Mendicrim y Santa Brígida quedará depositado en una cuenta judicial reservada hasta que se resuelvan litigios pendientes sobre fideicomisos vinculados a su titularidad.
Interés empresarial en la operación
Antes de la suspensión temporal del trámite, diez empresas del sector agroindustrial y alimenticio adquirieron los pliegos para evaluar la compra de activos. Entre las firmas interesadas destacan L3N (vinculada a Adecoagro), Milkaut, Elcor (fabricante de La Tonadita), Punta del Agua, Failar (propietaria de La Tarantela), Fidulac, SanCor Seguros, Jewell Especialidades, Finanzas y Gestión, y Alimentos Fransro.
Muchas de estas compañías mantienen antecedentes comerciales o alianzas operativas previas con la cooperativa, lo que anticipa un proceso competitivo entre firmas interesadas en ampliar su capacidad de procesamiento e inversores focalizados en potenciar las marcas comerciales.
El trasfondo de una profunda crisis productiva
El remate judicial busca dar salida a una severa parálisis institucional. Tras años de contracción productiva, SanCor ingresó en concurso preventivo en febrero de 2025 y su quiebra fue declarada oficialmente en abril de 2026.
En los meses previos a la liquidación, el nivel de procesamiento de la empresa operaba a una fracción de su capacidad instalada (la planta principal de Sunchales funcionaba por debajo del 10%), acumulando un pasivo verificado superior a los 86 millones de dólares y deudas salariales millonarias con su personal. La resolución de esta licitación resultará decisiva para redefinir el mapa de la industria láctea nacional y el destino de sus instalaciones productivas.