La imputación de una partera de 88 años por supresión de identidad y venta de bebés en Rosario llevó a la Fiscalía Federal a convocar a posibles víctimas o testigos a presentarse. La investigación abarca hechos ocurridos entre 1968 y 1980.
La reciente imputación de una partera de 88 años por la supresión de identidad y venta de bebés en Rosario llevó a la Justicia Federal a convocar a personas que duden de su identidad. La fiscal federal Soledad García, a cargo de la investigación, declaró que los siete casos que integran el expediente podrían no ser los únicos. «No tenemos forma, por ahora, de reducir o establecer la cantidad de hechos de manera fehaciente. En ese período (1968-1980) entendemos que podría haber más personas en esta situación», explicó la funcionaria.
Por este motivo, desde el Ministerio Público Fiscal instaron a que todas aquellas personas que tengan dudas sobre su identidad, hayan nacido en esos años y sospechen de irregularidades se pongan en contacto con las autoridades. Los interesados pueden dirigirse personalmente a la sede de la Fiscalía Federal, ubicada en Mitre 621. Allí serán recibidos y asesorados por la Unidad de Víctimas, tanto si buscan orientación para iniciar una búsqueda personal como si tienen datos de interés para sumar a la causa.
Según detalló la fiscal, el expediente no surgió por una investigación de oficio, sino por denuncias de quienes buscaban su verdad. «Comenzó uno de ellos a hacer la primera denuncia (que tramitó por el código viejo). Luego, entre ellos, que tienen sus búsquedas personales, han ido tomando contacto. Ante la información de que se podía acudir a la Justicia Federal, otras seis personas denunciaron a la misma partera», sostuvo García. El elemento en común que los unía era, precisamente, esta mujer.
La imputada, que hoy tiene 88 años y se abstuvo de declarar en la audiencia, trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña. Si bien la Fiscalía aclaró que la institución no está directamente involucrada, era el lugar desde donde la mujer lograba tener acceso a embarazadas vulnerables y hacerse de documentación en blanco que luego falsificaba para entregar a los bebés a cambio de dinero.
Los delitos que se le imputan —supresión de identidad y falsificación ideológica— son considerados en curso, por lo que a pesar de haber pasado más de 50 años, la acción penal no está prescripta.
La Fiscalía solicitó la extracción compulsiva de ADN a la propia hija de la imputada. «Tenemos que determinar si también se apropió de su hija. Es algo a confirmar que solicitamos en la audiencia», concluyó García.