Mientras se mantiene la demora en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo dispuso un incremento salarial para docentes y no docentes que los gremios consideran muy por debajo de la inflación.
El Gobierno nacional dispuso esta semana, sin consulta previa con gremios ni rectores, un aumento salarial del 1,7% para los sueldos de docentes y no docentes universitarios correspondiente al mes de abril. La medida se comunicó mediante un instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, esquivando la negociación paritaria.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) denunció que la decisión fue inconsulta y señaló que el porcentaje está «muy por debajo del índice inflacionario», que en marzo fue del 36,4% según datos oficiales. Este incremento se da en un contexto donde el Ejecutivo continúa sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, que establece la obligación de convocar a paritarias, recomponer salarios y garantizar actualizaciones acordes a la inflación.
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales advirtió que dicha obligación «se encuentra vencida e incumplida». A esto se suma que, a pocas horas de vencer un plazo judicial para transferir fondos a las universidades, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la ley, lo que implica una nueva dilación tanto en la transferencia de recursos como en la recomposición salarial.
Desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se consideró que esta acción «constituye una estrategia dilatoria que busca postergar el cumplimiento efectivo de la ley y vulnera los derechos de quienes integran la comunidad universitaria».
Los gremios estiman que la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos. El Consejo Interuniversitario Nacional, por su parte, agregó que los fondos para gastos operativos registran un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, lo que limita actividades académicas, de investigación y extensión en todo el país.
Ante esta situación, rectores, gremios y estudiantes anticiparon una nueva Marcha Federal para visibilizar el conflicto y en defensa de la universidad pública.