El ajuste afecta alfabetización, salarios docentes, becas y obras en universidades nacionales. La medida se oficializó en la previa a una nueva protesta federal en todo el país, con fuerte convocatoria en Rosario.
Horas antes de que se realice una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país, el gobierno de Javier Milei oficializó un recorte de casi $79 mil millones en distintas áreas educativas, incluyendo programas de alfabetización, becas estudiantiles, salarios docentes e infraestructura universitaria. La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y profundizó el conflicto entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario, que este martes volverá a movilizarse para reclamar financiamiento y recomposición salarial.
En Rosario, la protesta tendrá una fuerte convocatoria de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios de la UNR y otros sectores educativos. La mayor poda presupuestaria impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias para las provincias. El ajuste también eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, utilizado para equilibrar salarios mínimos entre provincias, con una reducción cercana a los $9 mil millones. A eso se suman: $21.686 millones menos para infraestructura escolar y equipamiento, $6.649 millones de recorte en programas socioeducativos, más de $559 millones menos en becas estudiantiles y una reducción de $48 mil millones en transferencias para Educ.ar.
La decisión se conoce además en un contexto de fuerte deterioro salarial docente. Según datos difundidos recientemente por Conadu, los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 34,2% desde noviembre de 2023. El ajuste también golpeó directamente a las universidades nacionales. La resolución oficial eliminó $5.303 millones destinados a infraestructura universitaria y dejó paralizadas obras en trece casas de estudio. Aunque la Universidad Nacional de Rosario no aparece entre las principales afectadas en ese listado, el sistema universitario en general atraviesa una caída presupuestaria sostenida. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el presupuesto universitario acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.
La discusión se da en medio del reclamo por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y luego vetada parcialmente por el gobierno nacional. Desde universidades, gremios docentes y centros de estudiantes sostienen que la norma buscaba recomponer parte del presupuesto perdido frente a la inflación y garantizar funcionamiento básico de las casas de estudio. Según el Cepa, si esa ley se hubiera aplicado plenamente, el presupuesto universitario alcanzaría los $8,49 billones a valores de 2026, muy por encima de los recursos actualmente previstos. El proyecto impulsado por el Ejecutivo, en cambio, consolidaría un presupuesto aproximadamente 35% inferior al que hubiese correspondido con la ley aprobada por el Congreso.
Desde el oficialismo sostienen que la ley de financiamiento universitario no puede aplicarse por cuestiones presupuestarias y legales. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que la norma quedó “implícitamente derogada” al aprobarse el presupuesto y argumentó que implicaría un aumento salarial “que el Estado no está en condiciones de afrontar”. La postura oficial contrasta con la de rectores, sindicatos y organizaciones estudiantiles, que denuncian un ajuste estructural sobre el sistema universitario público.
En ese contexto, Rosario volverá a sumarse este martes a la movilización nacional universitaria. La convocatoria partirá desde plaza San Martín y culminará en el Monumento a la Bandera, con participación de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores nodocentes. El eje central del reclamo será el financiamiento universitario, la pérdida salarial y el impacto del ajuste sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.