Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal busca establecer un marco normativo para la digitalización de la administración pública local, incluyendo la despapelización, el uso de firmas electrónicas y la incorporación de inteligencia artificial bajo principios éticos.
Un proyecto de ordenanza ingresado al sistema de información de expedientes municipal propone un marco normativo para la digitalización del municipio de Santa Fe. La iniciativa se alinea con el plan de Territorio 5.0 impulsado por el Gobierno provincial.
El proyecto legislativo, autoría del concejal Lucas Simoniello (Interbloque «Unidos»), abarca los conceptos de gobierno y ciudadanía digital, gobernanza de datos, y la incorporación de tecnologías bajo criterios de eficiencia, transparencia y accesibilidad. También incluye el uso de firma electrónica, seguridad de datos personales y uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA).
El ámbito de aplicación comprende al municipio, el Concejo, el Tribunal de Cuentas y todos los organismos descentralizados de la Administración Municipal.
Según el texto, dentro del gobierno digital se avanzará hacia un proceso gradual de «despapelización». «La Municipalidad propenderá, de manera progresiva, a que la totalidad de la actividad en el ejercicio de la función pública se desarrolle mediante herramientas y tecnologías digitales, quedando sustituido el papel como soporte ordinario de los expedientes y demás documentación administrativa», afirma Simoniello en el proyecto.
El expediente digital tendrá idéntica validez y eficacia jurídica que el soporte papel. Todos los órganos alcanzados deberán utilizar una plataforma tecnológica común para su tramitación.
El proyecto sugiere facultar al Ejecutivo a adherir, mediante convenio con la Provincia, a la Plataforma de Gestión Digital «Timbó». El convenio deberá contemplar la interoperabilidad entre sistemas, la capacitación del personal y un cronograma de incorporación progresiva de las dependencias.
Se fomenta el uso de firma electrónica y digital, con idéntica eficacia y valor probatorio que los documentos en papel. Además, se establece el domicilio digital como medio de comunicación entre la Municipalidad y las personas humanas o jurídicas.
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a utilizar, adoptar y desarrollar tecnologías basadas en IA, Internet de las Cosas (IoT) y tecnologías emergentes para la mejora de la gestión pública, el monitoreo inteligente y el análisis predictivo de datos. Todo desarrollo deberá observar principios éticos de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, no discriminación y mitigación de sesgos.
El proyecto establece prohibiciones: no se implementarán sistemas de IA para vigilancia masiva e indiscriminada, calificación o puntuación social, identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, ni inferencia de características sensibles a partir de datos biométricos.
En cuanto al IoT, los dispositivos en el espacio público deberán tener una finalidad específica y solo recolectar la información necesaria para cumplirla, sin reutilizarla para fines distintos sin una nueva evaluación.
En los fundamentos, Simoniello sostiene que la incorporación de tecnologías digitales «constituye una herramienta estratégica para simplificar los procedimientos administrativos, agilizar la vinculación entre municipio y ciudadanía, y mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios». Agrega que la experiencia demuestra que estos procesos requieren un marco jurídico claro.
El edil justifica la adhesión a la plataforma Timbó por «razones de eficiencia y de racionalidad en el uso de los recursos públicos municipales», en lugar de desarrollar un sistema propio. También señala que el proyecto recoge estándares internacionales, como el Reglamento de IA de la Unión Europea, que prohíbe la vigilancia masiva y la calificación social, y exige supervisión humana y evaluación de riesgos.