La consultora Qualy calculó que, de haberse aplicado la actualización metodológica que el Gobierno postergó en enero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería del 344,3%, frente al 328,8% que arroja el índice vigente. La diferencia de 15,5 puntos porcentuales se explica por el mayor peso que la nueva canasta otorga a servicios, transporte y alquileres.
Un ejercicio de la consultora Qualy reveló que, de haberse aplicado la actualización metodológica en el Indec que el Gobierno postergó en enero, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 sería del 344,3%. Con el sistema actual, basado en ponderaciones de 2004, el índice es de 328,8%. La diferencia es de 15,5 puntos porcentuales.
El Indec había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a difundir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la estructura de gastos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 a partir de enero de 2026. La actualización fue suspendida por el Gobierno a comienzos de febrero. El entonces director del Instituto, Roberto Lavagna, renunció. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión: «No hay que cambiar el índice ahora» y agregó que el actualizado «da prácticamente igual».
Según el trabajo de Qualy, la canasta actualizada otorga una incidencia mayor al bloque de Servicios sobre el índice general. Durante el gobierno de Javier Milei se registraron aumentos en tarifas, transporte y alquileres, rubros que con la nueva ponderación tienen un impacto mayor en el resultado final. La estructura vigente utiliza ponderaciones de la encuesta de 2004/05, actualizadas por la evolución de los precios.
El índice vigente incluye ítems como disquetes, casetes, reproductores de MP3, iPods, revelado de rollos fotográficos, aparatos de fax, vehículos de tracción animal (sulkys y carros), arneses y collares para animales de tiro, y televisores de tubo (CRT). No mide consumos tecnológicos recientes como plataformas de streaming, aplicaciones de movilidad o servicios en la nube.
La ponderación de tarifas de servicios públicos en el índice vigente es del 9,4%, mientras que con la canasta actualizada tendría un peso mayor. El rubro de alimentos y bebidas tiene una porción alta que deforma el impacto relativo frente a otros bienes y servicios.
Al indexar o negociar aumentos salariales basados en un IPC más bajo, los trabajadores enfrentan un costo de vida real superior. Las remuneraciones estatales y jubilaciones atadas al índice oficial sufren un deterioro frente a los gastos corrientes de las familias. Un índice de inflación retrasado deprime los límites de las canastas básicas, alterando los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.