Ante el aumento de denuncias falsas, las autoridades provinciales anunciaron que los responsables y sus familias deberán resarcir los gastos de los despliegues policiales, que parten de los 5 millones de pesos por intervención.
Ante un crecimiento de las denuncias por amenazas falsas de ataques a tiros en establecimientos educativos de Santa Fe, el gobierno provincial advirtió que habrá consecuencias efectivas para los implicados y sus familiares. Como medida concreta, se intimará a pagar el costo de los operativos policiales, cuyo valor base ronda los 5 millones de pesos.
“Este tipo de amenazas no son una broma, son un delito tipificado en el Código Penal. Y trae consecuencias, no solo hacia los estudiantes, sean punibles o no, sino para la propia familia”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, en una conferencia de prensa que compartió con su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.
Los casos de llamados falsos alertando sobre posibles tiroteos tomaron volumen tras el asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal. Solo el viernes pasado se registraron 65 incidentes de este tipo en toda la provincia.
Además de hacer un llamamiento a las familias para que tomen conciencia sobre estos episodios, las autoridades advirtieron sobre las “consecuencias reales”. Por ello anunciaron que este lunes se firmó una instrucción para que, además de las acciones legales, se persiga el cobro y recupero del gasto de los operativos como resarcimiento de los daños.
“Un operativo básico y elemental de un hecho por amenaza de este tipo cuesta entre 5 y 6 millones por operativo, entre combustible, movilidad, horas extras del personal. No queremos que lo paguen los santafesinos con sus impuestos, sino que se perseguirá el cobro a los identificados”, detalló Cococcioni.
La Policía de Investigaciones (PDI) ya detuvo a un joven de 16 años por amenazas a través de WhatsApp en el Complejo Educativo Nuestra Señora de Luján, ubicado en Pérez. Cococcioni explicó que, ante un hecho con apariencia delictiva, se realizan procedimientos como detenciones, secuestros y allanamientos. “Hay que decir que una causa penal en el marco del Código Penal Procesal Juvenil de Santa Fe deja huellas que no siempre son agradables para la persona en la posteridad”, afirmó.
El ministro señaló que este tipo de acciones pueden impedir, años después, “acceder a un certificado de buena conducta, viajar al exterior”, y que los padres “deberán cumplir ciertas reglas de conductas, y en casos extremos puede haber institucionalización de los menores”. Confirmó que hay personas mayores y menores detenidas a disposición de la Justicia y que en los próximos días recibirán las intimaciones para el resarcimiento de los daños.