El gobierno provincial destinó más de 103 millones de pesos en recompensas desde 2024, según informó la Secretaría de Asuntos Penales. Se analiza incorporar un programa de desarme voluntario.
La provincia de Santa Fe pagó más de 100 millones de pesos en recompensas durante los últimos dos años, según informó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. La herramienta, vigente desde hace tiempo, comenzó a utilizarse con mayor frecuencia a partir de diciembre de 2023, tras el cambio de signo político en la Casa Gris.
Entre principios de 2024 y principios de 2025, el Poder Ejecutivo contribuyó al avance de causas de alto impacto en Rosario mediante el ofrecimiento de dinero a testigos. Así se resolvió el asesinato de Bruno Bussanich y otro de los tres homicidios vinculados al crimen del playero.
En julio pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad autorizó una recompensa de 10 millones de pesos por la captura de Damián Reifenstuel, imputado por el asesinato de Ivana Garcilazo tras el clásico rosarino del 30 de septiembre de 2023. Reifenstuel fue detenido el 25 de febrero de 2025 en Bolivia, y la provincia abonó el monto ofrecido.
Según detalló Masneri, el programa de recompensas requiere equilibrar la publicidad necesaria para que la gente sepa que aportar datos será compensado, con la protección de la identidad de los informantes. “Lo ideal es que, sobre todo en los casos de alto perfil, nadie se ponga a buscar en su círculo quién pudo haber aportado esa información”, señaló.
De las cinco recompensas pagadas en los últimos diez meses, solo dos se completaron con el monto fijado previamente. El dinero abonado equivale a más del 70% del presupuesto de 103 millones de pesos asignado a solicitudes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Entre los detenidos más recientes se encuentra Alexis Emanuel “Chamí” Mendoza, miembro de la banda Los Menores, capturado el 8 de marzo. Por su arresto se autorizó el pago de 22 millones de pesos sobre un total de 30 millones previstos. Otro caso fue el de Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, detenido en Dock Sud el 26 de agosto, por quien se ofrecieron 35 millones y se abonaron 15 millones.
La recompensa completa se pagó por Fernando Andrés “Colo” Cappelleti, capturado en barrio Martin, y por Damián Reifenstuel. En ambos casos se entregaron los montos fijados por resolución oficial.
En paralelo, el gobierno evalúa sumar un programa de desarme voluntario. Según fuentes oficiales, la iniciativa pagaría por la entrega de armas de fuego “siempre que no tengan un resultado positivo compatible con un homicidio”. También se analiza la posibilidad de lanzar recompensas sin un pedido judicial concreto, para abordar casos como trata de personas.