Los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales acumulan una caída del 32% desde noviembre de 2023, según el Consejo Interuniversitario Nacional. Para recuperar el nivel previo necesitarían un aumento cercano al 50%.
Los salarios del personal universitario registran una pérdida de poder adquisitivo del 32% desde el inicio de la actual gestión nacional, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El informe indica que, para recuperar el nivel de compra anterior, se requeriría un incremento cercano al 47,3% sobre los valores vigentes a febrero de 2026.
El deterioro se da en un contexto de ajuste presupuestario y de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las transferencias a las universidades nacionales cayeron un 45,6% real entre 2023 y 2026, lo que afecta directamente el funcionamiento de las casas de estudio y los salarios, que representan el 87,9% del gasto en educación superior.
Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) precisó que entre 2023 y 2025 los recursos destinados a sueldos docentes cayeron un 30,5% real, mientras que para el personal no docente la reducción fue del 24,5%. El CIN, por su parte, señaló que los salarios acumularon un aumento del 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, frente a una inflación del 280% en el mismo período.
La situación es considerada crítica: los salarios universitarios están en su nivel más bajo en 23 años y en uno de los menores desde el retorno de la democracia. La pérdida equivale a unos 7,3 salarios mensuales respecto a noviembre de 2023.
En respuesta, las universidades nacionales anunciaron una semana completa de paro del 27 de abril al 2 de mayo y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) señaló que la medida se debe a más de 17 meses consecutivos de pérdida salarial, la falta de paritarias y el incumplimiento de la ley de financiamiento.
Mientras tanto, el Gobierno impulsa una nueva ley de financiamiento para la educación superior que, según el análisis de la UNL, consolidaría los recortes y podría profundizar la pérdida salarial de los docentes hasta el 38% en agosto de 2026.